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Sentencia TSJCValencia de 8 de noviembre 2004
Ponente Don Lorenzo Cotino Hueso


Rec. Núm. 386 /02

SENTENCIA Nº
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Tercera

Ilmos. Sres.:
Presidente:
D. José Bellmont Mora
Magistrados:
D. Miguel Ángel Olarte Madero
D. Lorenzo Cotino Hueso

En Valencia a 8 de noviembre de 2004

VISTO por la sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo nº 386 de 2002, interpuesto por D. en representación de SL, contra la Resolución de la Consellería de Economía Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana de 15 de enero de 2002 (expte. 03200SAT00084) por la que se impone una sanción económica de 1.500.000 Ptas. por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 96. 11º del Estatuto de los Trabajadores.


Habiendo sido parte en autos como Administración demandada la Consellería de Economía Hacienda y Empleo representada por el letrado de la Generalitat Valenciana.

y Magistrado ponente el  Ilmo. Sr. D. Lorenzo Cotino Hueso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho las resoluciones recurridas.
SEGUNDO.- La parte demandada contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
CUARTO.- Se señaló la votación para el día 27 de octubre, en cuya sesión tuvo lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado todas las prescripciones legales, salvo la referente al plazo para dictar la sentencia, a causa del exceso de trabajo de esta sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente proceso la parte demandante interpone recurso contra la Resolución de la Consellería de Economía Hacienda y Empleo de la Generalitat de 15 de enero de 2002 (expte. 03200SAT00084) por la que se impone una sanción económica de 1.500.000 Ptas. por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 96. 11º del Estatuto de los Trabajadores.
Para una mayor comprensión del recurso, procede hacer una sumaria expresión de los hechos:
El 21.12.1999 la Inspección de trabajo de Alicante, levantó acta de infracción proponiendo una sanción de 2.000.001 ptas.
En dicha acta se afirma que Dª. trabajaba en la empresa sancionada durante 22 años como auxiliar administrativo, contando con mesa, teléfono, máquina de escribir y calculadora. Se señala que tras el cambio de propiedad del accionariado de la empresa, a vuelta de las vacaciones en septiembre vio ocupada su mesa habitual por otra trabajadora y desde entonces comenzaron los problemas con la empresa sobre su tarea real a realizar. Se le asignó así a otra mesa sin especificación de cometido y, -dice el acta- "en versión de Dª. A. la empresa le empieza a hacer ofertas indemnizatorias para rescindir el contrato de trabajo que ella misma rechaza." Asimismo, Dª. A causó baja de 13.9.99 al 8.10.99 y a su vuelta no se le dio trabajo efectivo alguno, dice el acta, "ordenándole permaneciera sentada en sillón situado frente al mostrador sin encargarle cometido concreto, salvo archivo de documentos al final de la jornada y con orden de no atender al teléfono."
También se afirma en el acta que "En esta situación fue vista repetidas veces desde mediados de octubre por parte de Dª. I, vecina del centro de trabajo inspeccionado, con ocasión de su salida o entrada al edificio en que vive que está en la misma dirección del centro inspeccionado y dado que la sala en que se ubica el sillón en que estaba sentada a la calle, tiene puertas de cristales y muchas veces estas puertas permanecían abiertas."
Se relata como Dª. A. "facilita foto y video realizadas desde el exterior del edificio donde se le ve sentada en sillón sin trabajo efectivo a realizar y con apariencia más de un cliente que espera ser atendido por persona sita ante el mostrador que se encuentra más allá del sillón en que se sienta que de un trabajador de la empresa. El vídeo que visionamos está fechado el 25.10.99, recoge prensa de este día y del anterior, y no sólo muestra imágenes de la señora Ibáñez sentada, leyendo un libro ante el mostrador de la oficina sino que también aparece la imagen de otra auxiliar administrativo de la empresa Dª. Noemí en actitud de trabajo, atender teléfono, mover documentos, etc. lo que dota de credibilidad a este documento gráfico respecto a las imágenes que pretende recoger."
Se narra en el Acta también que la foto se mostró al administrador de la empresa quien afirmó que Dª. A. estaba pendiente de ser reubicada en otro lugar dado que la empresa estaba procediendo a reforma del local, también reconoció la orden de no atender llamadas telefónicas alegando que había habido quejas de un cliente.
Sobre la base de la relatada Acta de inspección, la Administración competente consideró probada la conducta de la empresa atentatoria del derecho del trabajador a la ocupación efectiva y a la consideración debida a su dignidad en razón del valor probatorio del Acta de la inspección de trabajo, sin que la empresa aportase prueba en contrario suficiente. En concreto se considera que la presunción de certeza del acta de inspección no sólo alcanza a los hechos percibidos directamente por el inspector, sino también a los inmediatamente deducibles de aquellos y a los acreditados por los medios de prueba  consignados en el acta.
Cabe apuntar colateralmente que Dª. A., la trabajadora que denunció a Inspección de Trabajo fue finalmente despedida y en el SMAC la empresa le reconoció la improcedencia del despido con una indemnización de 42 días / año, esto es, como despido improcedente, por un montante de 4,3 millones de las antiguas pesetas.

SEGUNDO. Frente a la resolución, la parte actora esencialmente opone la presunción de certeza del acta de inspección:
- por cuanto se basa unilateralmente en la declaración de la denunciante y,
-en especial, por cuanto consigna como prueba suficiente una foto y un vídeo. Respecto del mismo se recuerda que del vídeo sólo se deduce que se trata de la circunstancia concreta de un solo día, que está convenientemente preparado, como lo prueba que había coordinación entre el filmador y la persona denunciante; que no es en modo alguno espontáneo, como lo muestra la descripción de que se expone un periódico para datar la fecha de la grabación.
- No hay testimonios ni prueba documental adicional que aseveren las afirmaciones del Inspector de trabajo, que no tuvo conocimiento personal y directo de los hechos denunciados, por lo que debe decaer la presunción del Acta.
Por su parte, la Administración demandada reitera la jurisprudencia sobre la presunción de certeza de las actas de inspección así como reitera que no se ha aportado prueba en contrario alguna que desmienta los hechos consignados en el acta.

TERCERO. Expuesto lo anterior, procede estimar el presente recurso y revocar la sanción impuesta por falta de prueba suficiente para la sanción impuesta, todo ello sin mitigar en modo alguno la presunción de certeza del acta de inspección.
Y es que, como se refleja en el fundamento primero de esta sentencia, el acta de inspección describe la existencia de una fotografía -cuya fotocopia consta en el expediente- y, en particular, un vídeo que tuvo ocasión de visionar el inspector. Las demás aseveraciones por el inspector, son juicios que dan veracidad a la versión de la denunciante a partir del visionado del vídeo y de la fotografía en cuestión.
La descripción del vídeo que se contiene en el acta, y en sus propios término, es, efectivamente, prueba que goza de presunción de veracidad, pese a que el video recogiera hechos no observados directamente por el Inspector. Ahora bien, lo único que se deduce de este vídeo según se describe por el inspector es que se trataba de un vídeo grabado por una vecina conocida de la trabajadora en connivencia con ésta. Que el vídeo se grabó expresamente para constituir prueba, como lo muestra el hecho de que figuraba el periódico para datar la fecha de su realización. Por el contrario, de la descripción realizada por el Inspector, no se muestra la duración temporal del vídeo, y lo que hubiera sido mucho más importante, que no sólo viniera referido a un momento concreto de un solo día, como así parece.
Admitir esta prueba como prueba de cargo principal como lo hace el inspector y la administración es contrario a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, y más si cabe en un ámbito como lo es el disciplinario. Y es que, sin que en modo alguno se afirme que en este caso así ha sucedido, sería bien sencillo preconstituir pruebas en contra de los empresarios, bastando para ello que el denunciante se grabase en momentos de ocio sin hacer nada, o en lugares del centro de trabajo extraños (como sótanos, salas apartadas, despachos vacíos y aislados), todo ello para probar desplazamientos y aislamientos físicos, o "condenas a no hacer nada", como son rasgos típicos del acoso laboral y en otras sentencias hemos tenido ocasión de analizar.
Quien es ponente de la presente sentencia también lo fue de la sentencia de 25 de septiembre de dos mil uno, que resolvía el recurso Núm. 48/98, sobre sanción por infracción administrativa muy grave con multa en su grado medio por importe de tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.) precisamente, por atentar contra la dignidad de los trabajadores. Se trató de la primera sentencia en España sobre una sanción por mobbing o acoso laboral, en la que, a diferencia del caso presente, se ratificó la sanción y describió la conducta típica del acoso laboral.
Sin embargo, en el presente caso, no puede desconocerse la necesidad de prueba suficiente -y que esta tenga la seguridad jurídica precisa, agravada en el ámbito disciplinario- para evitar que figuras necesarias para la protección del trabajador (como el acoso laboral), sirvan como armas arrojadizas para satisfacer disputas laborales internas. La falta de prueba suficiente del supuesto acoso, sin seguridad jurídica, acabaría permitiendo que el trabajador pudiera preconstituir pruebas de supuestos acosos laborales donde no hay más que un conflicto en los términos de la normalidad. En modo alguno se sostiene que en el caso presente así haya sucedido, sino que, la prueba practicada de ninguna manera es suficiente para vencer la presunción de inocencia.
En el caso presente y del vídeo descrito en el acta, como se ha dicho, sólo se desprende que a lo largo de un día la trabajadora durante algunas tomas aparecía no haciendo nada y leyendo un libro en un sillón en la puerta de la oficina. Siendo, además, que se deriva de la misma descripción del inspector que el video fue realizado en connivencia con la denunciante, que, a su vez, ya estaba inmersa, según su propia versión, en un conflicto laboral con la empresa.
De este modo, no se pone en duda la presunción de certeza del acta de inspección: el vídeo existió y en los términos ahí descritos, al igual que la fotografía. Pero esta prueba en modo alguno es suficiente para reconocer la comisión de los hechos por los que se sancionó a la empresa.
En este sentido, el resto de los hechos manifestados en el acta, tampoco coadyuvan a vencer la presunción de inocencia, puesto que el empresario reconoció que se había variado la función de la trabajadora, pero no que se le hubiera privado de actividad alguna y que estaba pendiente de una recolocación.
Por lo expuesto, no cabe considerar probada de forma suficiente la comisión del hecho sancionable, dando por válida la actuación inspectora en los términos mismos que se describen en el acta, si bien, obviamente, no la evaluación jurídica de tales hechos. En consecuencia, procede estimar el presente recurso anulando la sanción impuesta.

CUARTO.-De conformidad con el criterio mantenido por el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es de apreciar temeridad o mala fe en ninguna de las partes a efectos de imponer las costas procesales.
Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimar el recurso contencioso administrativo nº 386 de 2002, interpuesto por D. F en representación de SL, contra la Resolución de la Consellería de Economía Hacienda y Empleo de la Generalitat de 15 de enero de 2002 (expte. 03200SAT00084) por la que se impone una sanción económica de 1.500.000 Ptas. por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 96. 11º del Estatuto de los Trabajadores, anulando la misma por no ser conforme a Derecho, sin expresa condena en costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.





PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma certifico.


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06.03.2003

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